Francisco Rezek, juiz da Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, comenta em artigo na Folha de São Paulo (Sobre o eclipse da função pública, 28.04.2008), como se fez, de forma tão ostensiva e em proporções alarmantes, o loteamento político da função pública no atual Governo Lula.
28 de abr. de 2008
La tutela judicial efectiva de una situacion de desamparo e indigencia, frente a la emergencia financiera invocada por el poder publico
Por Ines D´Argenio
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dictó sentencia el 10 de octubre de 2000, en ejercicio de su competencia originaria – la causa se promovió contra la Provincia de Tucumán por un vecino de otra provincia -, condenando a la provincia demandada al pago de una indemnización por la incapacidad y restantes secuelas sufridas por el actor, derivadas de un accidente ferroviario ocurrido en el ámbito del servicio provincial, el 19 de septiembre de 1994.
El actor, un obrero de muy bajos recursos cuya situación y la de su familia se agravaron notoriamente a partir de la incapacidad, promovió ejecución de sentencia ante la misma instancia denunciando que la provincia de Tucumán, no obstante los años transcurridos, aún no había hecho efectivo el pago de la indemnización. Expuso que a pesar de todas las gestiones realizadas ante la Fiscalía de Estado provincial, la provincia condenada aún no entregó los bonos de consolidación de la deuda pública, mediante los cuales pretende dar cumplimiento a la condena judicial.
En el proceso de ejecución de sentencia la provincia de Tucumán se presenta – pasados ya seis o siete años desde la condena – e, invocando prerrogativas provenientes de una norma de “emergencia” que ella misma sancionó para paliar las dificultades financieras en que ella misma se había sumido, se opone a que el demandante ejecute su crédito en un modo distinto al previsto en esa norma y dice que “cancelará la deuda que se le reclama mediante la entrega de los títulos de la deuda pública interna de la provincia denominados CONSADEP II (Bonos para la Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos) en el plazo estimado de 90 días hábiles de corroborada la planilla de saldos”
Su pretensión – que ahora ha quedado tan justamente desvirtuada por la Corte Suprema – es, además de pagar en bonos catorce años después de producido el accidente y la consecuente incapacidad y ocho años después de dictada la sentencia condenatoria, saber quién corrobora la planilla de saldos y cuándo lo hará para empezar a contar los 90 días hábiles. Más que una postura procesal defensiva es una ignominia.
La Corte Suprema de Justicia, al conocer en el proceso de ejecución de sentencia, dictó un fallo ejemplar sin precedentes en su ámbito de decisión. En primer lugar acudió al análisis de los hechos, una actitud que, por lo general, no adoptan los jueces de inferior jerarquía en los litigios de derecho público, cuyas sentencian priorizan los dogmas propios del derecho administrativo negándose con ello al conocimiento fáctico de la causa (la zona de reserva de la administración, las razones de servicio, la discrecionalidad administrativa, el mérito, oportunidad o conveniencia, el carácter manifiesto de la arbitrariedad, la necesidad de respetar las políticas públicas para consolidar un gobierno eficaz, etcétera, etcétera, etcétera). Y luego, sobre tal base y la del análisis de la situación de desamparo que realiza, rechazó el planteo efectuado por la provincia de Tucumán; aprobó la liquidación practicada en la causa por la suma que indica; y ordenó que se librara oficio al Banco de la Nación Argentina para que se trabe embargo por la suma resultante de la liquidación aprobada, más la que en forma provisoria se fija para responder a intereses y costas de la ejecución, sobre los fondos de la coparticipación federal de impuestos que se encuentren a disposición de la provincia de Tucumán en esa institución bancaria. Todo, teniendo especialmente en cuenta el tiempo transcurrido desde el dictado del pronunciamiento que condenó a la demandada al pago de la obligación que se ejecuta – 10 de octubre de 2000 [1] – y que la previsión contenida en una ley de emergencia no significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales, pues ello importaría colocarlo fuera del orden jurídico (considerando 12 del fallo).
En un comentario que realizamos al fallo para la revista jurídica La Ley Suplemento Administrativo (en prensa), nos preguntamos cómo harán las autoridades de la provincia de Tucumán para asumir la vergüenza que significa negarse al pago de una deuda a un obrero de bajos recursos invocando razones de “interés general” que surgen de su emergencia financiera; cuando el único interés de la sociedad en el caso lo constituye la protección inmediata de la situación de desamparo e indigencia que se presenta en la causa y no la protección legal al despilfarro de los fondos públicos con que se intenta justificar la emergencia.
[1] El accidente ferroviario que ocasionó la incapacidad al actor se había producido el 19 de setiembre de 1994 (conforme considerando 1); y el actor manifiesta al momento de promover el proceso de ejecución que, pese a haber realizado ante la Fiscalía de Estado el trámite administrativo pertinente, el gobierno provincial no entregó aún los bonos de consolidación de la deuda pública con los que dice querer pagar la deuda (considerando 2). Cuando se opone a que el demandante ejecute su crédito en un modo distinto al previsto en su norma provincial de emergencia, la provincia dice que “cancelará la deuda que se le reclama mediante la entrega de los títulos de la deuda pública interna de la provincia denominados CONSADEP II (Bonos para la Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos) en el plazo estimado de 90 días hábiles de corroborada la planilla de saldos” (considerando 3, con nuestro destacado) ¿Qué tal? La cuestión – que ahora ha quedado tan justamente desvirtuada por la Corte Suprema – es, además de pagar en bonos catorce años después de producido el accidente y la consecuente incapacidad y ocho años después de dictada la sentencia condenatoria, saber quién corrobora la planilla de saldos y cuándo lo hará para empezar a contar los 90 días hábiles. Más que una postura procesal defensiva es una ignominia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dictó sentencia el 10 de octubre de 2000, en ejercicio de su competencia originaria – la causa se promovió contra la Provincia de Tucumán por un vecino de otra provincia -, condenando a la provincia demandada al pago de una indemnización por la incapacidad y restantes secuelas sufridas por el actor, derivadas de un accidente ferroviario ocurrido en el ámbito del servicio provincial, el 19 de septiembre de 1994.
El actor, un obrero de muy bajos recursos cuya situación y la de su familia se agravaron notoriamente a partir de la incapacidad, promovió ejecución de sentencia ante la misma instancia denunciando que la provincia de Tucumán, no obstante los años transcurridos, aún no había hecho efectivo el pago de la indemnización. Expuso que a pesar de todas las gestiones realizadas ante la Fiscalía de Estado provincial, la provincia condenada aún no entregó los bonos de consolidación de la deuda pública, mediante los cuales pretende dar cumplimiento a la condena judicial.
En el proceso de ejecución de sentencia la provincia de Tucumán se presenta – pasados ya seis o siete años desde la condena – e, invocando prerrogativas provenientes de una norma de “emergencia” que ella misma sancionó para paliar las dificultades financieras en que ella misma se había sumido, se opone a que el demandante ejecute su crédito en un modo distinto al previsto en esa norma y dice que “cancelará la deuda que se le reclama mediante la entrega de los títulos de la deuda pública interna de la provincia denominados CONSADEP II (Bonos para la Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos) en el plazo estimado de 90 días hábiles de corroborada la planilla de saldos”
Su pretensión – que ahora ha quedado tan justamente desvirtuada por la Corte Suprema – es, además de pagar en bonos catorce años después de producido el accidente y la consecuente incapacidad y ocho años después de dictada la sentencia condenatoria, saber quién corrobora la planilla de saldos y cuándo lo hará para empezar a contar los 90 días hábiles. Más que una postura procesal defensiva es una ignominia.
La Corte Suprema de Justicia, al conocer en el proceso de ejecución de sentencia, dictó un fallo ejemplar sin precedentes en su ámbito de decisión. En primer lugar acudió al análisis de los hechos, una actitud que, por lo general, no adoptan los jueces de inferior jerarquía en los litigios de derecho público, cuyas sentencian priorizan los dogmas propios del derecho administrativo negándose con ello al conocimiento fáctico de la causa (la zona de reserva de la administración, las razones de servicio, la discrecionalidad administrativa, el mérito, oportunidad o conveniencia, el carácter manifiesto de la arbitrariedad, la necesidad de respetar las políticas públicas para consolidar un gobierno eficaz, etcétera, etcétera, etcétera). Y luego, sobre tal base y la del análisis de la situación de desamparo que realiza, rechazó el planteo efectuado por la provincia de Tucumán; aprobó la liquidación practicada en la causa por la suma que indica; y ordenó que se librara oficio al Banco de la Nación Argentina para que se trabe embargo por la suma resultante de la liquidación aprobada, más la que en forma provisoria se fija para responder a intereses y costas de la ejecución, sobre los fondos de la coparticipación federal de impuestos que se encuentren a disposición de la provincia de Tucumán en esa institución bancaria. Todo, teniendo especialmente en cuenta el tiempo transcurrido desde el dictado del pronunciamiento que condenó a la demandada al pago de la obligación que se ejecuta – 10 de octubre de 2000 [1] – y que la previsión contenida en una ley de emergencia no significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales, pues ello importaría colocarlo fuera del orden jurídico (considerando 12 del fallo).
En un comentario que realizamos al fallo para la revista jurídica La Ley Suplemento Administrativo (en prensa), nos preguntamos cómo harán las autoridades de la provincia de Tucumán para asumir la vergüenza que significa negarse al pago de una deuda a un obrero de bajos recursos invocando razones de “interés general” que surgen de su emergencia financiera; cuando el único interés de la sociedad en el caso lo constituye la protección inmediata de la situación de desamparo e indigencia que se presenta en la causa y no la protección legal al despilfarro de los fondos públicos con que se intenta justificar la emergencia.
[1] El accidente ferroviario que ocasionó la incapacidad al actor se había producido el 19 de setiembre de 1994 (conforme considerando 1); y el actor manifiesta al momento de promover el proceso de ejecución que, pese a haber realizado ante la Fiscalía de Estado el trámite administrativo pertinente, el gobierno provincial no entregó aún los bonos de consolidación de la deuda pública con los que dice querer pagar la deuda (considerando 2). Cuando se opone a que el demandante ejecute su crédito en un modo distinto al previsto en su norma provincial de emergencia, la provincia dice que “cancelará la deuda que se le reclama mediante la entrega de los títulos de la deuda pública interna de la provincia denominados CONSADEP II (Bonos para la Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos) en el plazo estimado de 90 días hábiles de corroborada la planilla de saldos” (considerando 3, con nuestro destacado) ¿Qué tal? La cuestión – que ahora ha quedado tan justamente desvirtuada por la Corte Suprema – es, además de pagar en bonos catorce años después de producido el accidente y la consecuente incapacidad y ocho años después de dictada la sentencia condenatoria, saber quién corrobora la planilla de saldos y cuándo lo hará para empezar a contar los 90 días hábiles. Más que una postura procesal defensiva es una ignominia.
27 de abr. de 2008
Responsabilidade civil do Estado: novos rumos na jurisprudência do STF
por Farlei Martins Riccio
Nos dois últimos anos o Supremo Tribunal Federal tem mostrado disposição em rever antigas jurisprudências. Recentemente, mais uma delas está em vias de ser totalmente superada: a questão da responsabilidade civil do Estado por assalto ocorrido em via pública.
Em 14/04/2008, o Tribunal, por maioria, deu provimento a agravo regimental interposto em suspensão de tutela antecipada (STA 223 AgR/PE – Informativo 502) para manter decisão interlocutória proferida por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que concedera parcialmente pedido formulado em ação de indenização por perdas e danos morais e materiais para determinar que o mencionado Estado-membro pagasse todas as despesas necessárias à realização de cirurgia de implante de Marcapasso Diafragmático Muscular - MDM no agravante, com o profissional por este requerido. Na espécie, o agravante, que teria ficado tetraplégico em decorrência de assalto ocorrido em via pública, ajuizara a ação indenizatória, em que objetiva a responsabilização do Estado de Pernambuco pelo custo decorrente da referida cirurgia, “que devolverá ao autor a condição de respirar sem a dependência do respirador mecânico”.
Entendeu o Tribunal que no caso concreto estaria configurada uma grave omissão, permanente e reiterada, por parte do Estado de Pernambuco, por intermédio de suas corporações militares, notadamente por parte da polícia militar, em prestar o adequado serviço de policiamento ostensivo, nos locais notoriamente passíveis de práticas criminosas violentas, o que também ocorreria em diversos outros Estados da Federação. Em razão disso, o cidadão teria o direito de exigir do Estado, o qual não poderia se demitir das conseqüências que resultariam do cumprimento do seu dever constitucional de prover segurança pública, a contraprestação da falta desse serviço.
Ressaltou, ainda, que situações configuradoras de falta de serviço podem acarretar a responsabilidade civil objetiva do Poder Público, considerado o dever de prestação pelo Estado, a necessária existência de causa e efeito, ou seja, a omissão administrativa e o dano sofrido pela vítima, e que, no caso, estariam presentes todos os elementos que compõem a estrutura dessa responsabilidade.
Além disso, aduziu que entre reconhecer o interesse secundário do Estado, em matéria de finanças públicas, e o interesse fundamental da pessoa, que é o direito à vida, não haveria opção possível para o Judiciário, senão de dar primazia ao último.
Nos dois últimos anos o Supremo Tribunal Federal tem mostrado disposição em rever antigas jurisprudências. Recentemente, mais uma delas está em vias de ser totalmente superada: a questão da responsabilidade civil do Estado por assalto ocorrido em via pública.
Em 14/04/2008, o Tribunal, por maioria, deu provimento a agravo regimental interposto em suspensão de tutela antecipada (STA 223 AgR/PE – Informativo 502) para manter decisão interlocutória proferida por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que concedera parcialmente pedido formulado em ação de indenização por perdas e danos morais e materiais para determinar que o mencionado Estado-membro pagasse todas as despesas necessárias à realização de cirurgia de implante de Marcapasso Diafragmático Muscular - MDM no agravante, com o profissional por este requerido. Na espécie, o agravante, que teria ficado tetraplégico em decorrência de assalto ocorrido em via pública, ajuizara a ação indenizatória, em que objetiva a responsabilização do Estado de Pernambuco pelo custo decorrente da referida cirurgia, “que devolverá ao autor a condição de respirar sem a dependência do respirador mecânico”.
Entendeu o Tribunal que no caso concreto estaria configurada uma grave omissão, permanente e reiterada, por parte do Estado de Pernambuco, por intermédio de suas corporações militares, notadamente por parte da polícia militar, em prestar o adequado serviço de policiamento ostensivo, nos locais notoriamente passíveis de práticas criminosas violentas, o que também ocorreria em diversos outros Estados da Federação. Em razão disso, o cidadão teria o direito de exigir do Estado, o qual não poderia se demitir das conseqüências que resultariam do cumprimento do seu dever constitucional de prover segurança pública, a contraprestação da falta desse serviço.
Ressaltou, ainda, que situações configuradoras de falta de serviço podem acarretar a responsabilidade civil objetiva do Poder Público, considerado o dever de prestação pelo Estado, a necessária existência de causa e efeito, ou seja, a omissão administrativa e o dano sofrido pela vítima, e que, no caso, estariam presentes todos os elementos que compõem a estrutura dessa responsabilidade.
Além disso, aduziu que entre reconhecer o interesse secundário do Estado, em matéria de finanças públicas, e o interesse fundamental da pessoa, que é o direito à vida, não haveria opção possível para o Judiciário, senão de dar primazia ao último.
Essa decisão é importante pois afirma a responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão no serviço de segurança pública.
Cabe destacar que essa mudança de entendimento do Tribunal sobre a responsabilidade civil por omissão do Estado foi detalhadamente analisada e constatada por Helena Elias Pinto em tese de doutorado e que resultou no livro Responsabilidade civil do Estado por omissão na jurisprudência do STF.
23 de abr. de 2008
Terceirização e responsabilidade do Ente Público
A Advocacia-Geral da União estima que atualmente existam 5.000 processos contra a União movidos por trabalhadores terceirizados (União arca com indenizações de funcionários terceirizados do governo. Agência Brasil).
O motivo de tantos processos decorre da alteração de entendimento do TST (Tribunal Superior do Trabalho) sobre o enunciado da Súmula 331. Desde 2000, a responsabilidade pelo pessoal terceirizado é de quem toma os serviços. Com a decisão, os órgãos públicos passaram a assumir as dívidas dessas empresas com a Previdência e o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). No entanto, a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93, art. 71) garante que o Poder Público só é responsável pelos débitos previdenciários, como ocorre com qualquer empregador que deixa de recolher a contribuição previdenciária.
A decisão sobre o assunto está nas mãos do STF (Supremo Tribunal Federal). No ano passado, o governo do Distrito Federal, acompanhado de Estados, municípios e da própria AGU, deu entrada numa Ação Declaratória de Constitucionalidade para que o Supremo julgue a validade da Súmula 331. O julgamento ainda não tem previsão de data.
O motivo de tantos processos decorre da alteração de entendimento do TST (Tribunal Superior do Trabalho) sobre o enunciado da Súmula 331. Desde 2000, a responsabilidade pelo pessoal terceirizado é de quem toma os serviços. Com a decisão, os órgãos públicos passaram a assumir as dívidas dessas empresas com a Previdência e o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). No entanto, a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93, art. 71) garante que o Poder Público só é responsável pelos débitos previdenciários, como ocorre com qualquer empregador que deixa de recolher a contribuição previdenciária.
A decisão sobre o assunto está nas mãos do STF (Supremo Tribunal Federal). No ano passado, o governo do Distrito Federal, acompanhado de Estados, municípios e da própria AGU, deu entrada numa Ação Declaratória de Constitucionalidade para que o Supremo julgue a validade da Súmula 331. O julgamento ainda não tem previsão de data.
22 de abr. de 2008
O prejuízo das empresas médias nas licitações
Reportagem do jornal O Globo (O limbo das médias empresas. 22.04.2008) mostra que a lei das micro e pequenas empresas (Lei Comlementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 127, de 14/08/2007) multiplicou por quatro a participação dos empreendedores de pequeno porte no bilionário mercado das compras governamentais, mas transformou-se num inferno para boa parte das médias empresas brasileiras. Inúmeras companhias, que já deixaram de ser pequenas, passaram a ter de enfrentar, de um lado, a concorrência das grandes, que têm condições de reduzir seus preços com ganhos de escala. E, de outro, as pequenas, que contam com os benefícios da legislação. Com isso, nos últimos meses relatam dificuldades em conseguir contratos com o governo.
As cerca de cinco milhões de micro e pequenas empresas (MPEs) brasileiras têm exclusividade nas licitações feitas por órgãos públicos federais para valores de até R$ 80 mil. Também têm prioridade quando houver empate em licitações do tipo menor preço, ou seja, quando o critério de vitória é o menor valor oferecido. Elas têm preferência quando suas propostas forem iguais ou até 5% maiores à proposta classificada em primeiro lugar. Com isso, a participação das compras de micro e pequenas empresas passou de 9,6%, em 2006, para 37%, no ano passado.
O assunto já chama a atenção das associações industriais, que começam a discutir saídas que não prejudiquem as micro e pequenas, mas que garantam a competitividade das médias.
21 de abr. de 2008
Quando a regulação falha
Em artigo publicado no Jornal português Diário Económico (Quando a regulação falha, 21.04.2008), Vital Moreira, professor de direito administrativo da Universidade de Coimbra, a propósito da crise financeira norte-americana, afirma que há dois grandes motivos para a ampliação e intensificação da regulação dos mercados financeiros: “O primeiro é a crescente complexidade e sofisticação dos produtos financeiros, bem como a diversificação dos operadores e dos seus mecanismos de actuação. O segundo é a globalização financeira em geral, bem como a crescente visibilidade dos operadores transnacionais. Sejam quais forem as soluções adoptadas nos próximos tempos para enfrentar estes novos desafios, parece porém evidente que a confiança na ´mão invisível´ do mercado livre dificilmente poderia ser mais baixa do que é neste momento.”Sobre as falhas do mercado evidencia: “Tal como há muito se mostrou que a concorrência não é sustentável por si mesma, sem uma decidida acção pública contra a violação das suas regras, tampouco os sectores onde existem “falhas de mercado” endógenas, como sucede com os mercados financeiros, podem funcionar fluidamente sem uma forte regulação e supervisão pública. Quando a “endo-regulação” do mercado falha e a auto-regulação dos operadores não passa de uma figura de retórica, como em geral sucede no sector financeiro, só a regulação externa dos Estados ou das organizações internacionais pode prevenir e corrigir as suas consequências.”
17 de abr. de 2008
Uma lei “verdadeiramente” inconstitucional
por Farlei Martins Riccio
É possível uma lei violar, a um só tempo, o princípio da vedação de divisão do Distrito Federal, o princípio da licitação, a gestão do domínio público, a natureza do tombamento e os limites ao poder de tributar (taxa)? É possível e aconteceu com uma lei do Distrito Federal.
O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 1706/DF – rel. Min. Eros Grau, 9.4.2008) para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 1.713/97, que faculta a administração das quadras residenciais do Plano Piloto, em Brasília, por prefeituras comunitárias ou associações de moradores.
Entendeu o STF que a referida lei viola o art. 32 da CF, que veda a divisão do Distrito Federal em Municípios, por promover uma subdivisão do território do Distrito Federal em entidades relativamente autônomas.
Ressaltou-se que o art. 2º desse diploma legal viola o art. 37, XXI, da CF, já que possibilita a transferência, sem licitação, de serviços públicos, como o de limpeza e jardinagem das vias internas, áreas comuns, de coleta seletiva de lixo, de segurança complementar patrimonial e dos moradores, e de representação coletiva dos moradores perante órgãos e entidades públicas para a responsabilidade das prefeituras comunitárias, pessoas jurídicas de direito privado.
Asseverou-se, também, que o art. 4º dessa lei permite a fixação de obstáculos que dificultem a entrada e saída de veículos nos limites externos das quadras ou conjuntos, o que estaria em desarmonia com a própria noção do domínio público.
Frisou-se, ainda, que o tombamento é constituído por ato do Poder Executivo que, observada a legislação pertinente, estabelece o alcance da limitação ao direito de propriedade, ato emanado do Poder Legislativo não podendo alterar essas restrições. Dessa forma, afirmou-se que o ato do Poder Legislativo que efetiva o tombamento e, de igual modo, o que pretende alterar as condições de tombamento regularmente instituído pelo Poder Executivo, é inconstitucional, por agredir o princípio da harmonia entre os Poderes.
Por fim, reputou-se inconstitucional o art. 6º da norma impugnada, que possibilita a criação e cobrança de taxas de manutenção e conservação pelas prefeituras comunitárias, já que a lei não poderia nem delegar a execução de determinados serviços públicos às prefeituras das quadras, nem permitir a instituição de taxas remuneratórias, em razão de essas prefeituras não possuírem capacidade tributária.
O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 1706/DF – rel. Min. Eros Grau, 9.4.2008) para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 1.713/97, que faculta a administração das quadras residenciais do Plano Piloto, em Brasília, por prefeituras comunitárias ou associações de moradores.
Entendeu o STF que a referida lei viola o art. 32 da CF, que veda a divisão do Distrito Federal em Municípios, por promover uma subdivisão do território do Distrito Federal em entidades relativamente autônomas.
Ressaltou-se que o art. 2º desse diploma legal viola o art. 37, XXI, da CF, já que possibilita a transferência, sem licitação, de serviços públicos, como o de limpeza e jardinagem das vias internas, áreas comuns, de coleta seletiva de lixo, de segurança complementar patrimonial e dos moradores, e de representação coletiva dos moradores perante órgãos e entidades públicas para a responsabilidade das prefeituras comunitárias, pessoas jurídicas de direito privado.
Asseverou-se, também, que o art. 4º dessa lei permite a fixação de obstáculos que dificultem a entrada e saída de veículos nos limites externos das quadras ou conjuntos, o que estaria em desarmonia com a própria noção do domínio público.
Frisou-se, ainda, que o tombamento é constituído por ato do Poder Executivo que, observada a legislação pertinente, estabelece o alcance da limitação ao direito de propriedade, ato emanado do Poder Legislativo não podendo alterar essas restrições. Dessa forma, afirmou-se que o ato do Poder Legislativo que efetiva o tombamento e, de igual modo, o que pretende alterar as condições de tombamento regularmente instituído pelo Poder Executivo, é inconstitucional, por agredir o princípio da harmonia entre os Poderes.
Por fim, reputou-se inconstitucional o art. 6º da norma impugnada, que possibilita a criação e cobrança de taxas de manutenção e conservação pelas prefeituras comunitárias, já que a lei não poderia nem delegar a execução de determinados serviços públicos às prefeituras das quadras, nem permitir a instituição de taxas remuneratórias, em razão de essas prefeituras não possuírem capacidade tributária.
Fonte: Informativo STF 501/2008
13 de abr. de 2008
O dedo sutil da mão invisível do mercado
O economista americano Richard Thaler e o jurista Cass Sunstein, acabam de lançar o livro Nudge, no qual apresentam a proposta de um “paternalismo liberal”, conjunto de liberdade de mercado com pequenas intervenções, do governo ou de agentes privados, que orientem as pessoas na direção das melhores escolhas econômicas. Leia entrevista de Richard Thaler para a Revista Veja: Homer Simpson somos nós. Edição 2056, 16.04.2008
10 de abr. de 2008
Desenvolvimento, desigualdade e o papel do direito
Como fazer do direito um vetor de redução de desigualdade e indutor do desenvolvimento? Que ferramentas tributárias (como a tributação progressiva), previdenciárias (a idéia de solidariedade contributiva), regulatórias (como as tarifas de serviços públicos universalizantes em termos de acesso e fruição), financeiras (a gestão igualitária da arrecadação e do gasto públicos), sociais (políticas de saúde, educação, moradia, ações afirmativas), entre outras tantas possíveis, podem ser dirigidas a finalidades distributivas com o mínimo de perda de eficiência econômica? Que transferências entre ricos e pobres se justificam em uma sociedade marcada por um fosso social gigantesco e em busca da redução da pobreza? Que papel tem o Poder Judiciário - muitas vezes bem-intencionado, mas nem sempre consciente dos efeitos econômicos de suas decisões - nesse debate?
Essas indagações são postas por Diogo R. Coutinho, professor de direito econômico da Universidade de São Paulo, em artigo publicado no jornal Valor Econômico (Desenvolvimento, desigualdade e o papel do direito. 09.04.2008), para demonstrar a importância do direito nas teorias do crescimento endógeno (teorias econômicas que incorporam à noção de desenvolvimento um arranho redistributivo pró-ativo e implementado por meio de políticas públicas).
Segundo Diogo Coutinho, o papel do direito no desenvolvimento econômico e social certamente passa por uma reflexão - teórica e aplicada - crucial sobre a redução da pobreza e da desigualdade por meio de políticas públicas juridicamente conformadas e implementadas. O direito, como arquiteto (concepção e desenho institucional), como instrumento (implementação) e como bússola (reserva ético-moral de valores a serem protegidos) dessas políticas precisa urgentemente ser sofisticado para dar vazão à desafiadora empreitada de redução da desigualdade que nos espera como condição - não única, mas certamente central - para a superação do atraso.
Essas indagações são postas por Diogo R. Coutinho, professor de direito econômico da Universidade de São Paulo, em artigo publicado no jornal Valor Econômico (Desenvolvimento, desigualdade e o papel do direito. 09.04.2008), para demonstrar a importância do direito nas teorias do crescimento endógeno (teorias econômicas que incorporam à noção de desenvolvimento um arranho redistributivo pró-ativo e implementado por meio de políticas públicas).
Segundo Diogo Coutinho, o papel do direito no desenvolvimento econômico e social certamente passa por uma reflexão - teórica e aplicada - crucial sobre a redução da pobreza e da desigualdade por meio de políticas públicas juridicamente conformadas e implementadas. O direito, como arquiteto (concepção e desenho institucional), como instrumento (implementação) e como bússola (reserva ético-moral de valores a serem protegidos) dessas políticas precisa urgentemente ser sofisticado para dar vazão à desafiadora empreitada de redução da desigualdade que nos espera como condição - não única, mas certamente central - para a superação do atraso.
7 de abr. de 2008
Mudar a prática orçamentária
Fábio Giambiagi, economista do BNDES e autor do livro "Finanças Públicas: Teoria e Prática no Brasil", entre outras obras, publica artigo na Folha de São Paulo (Mudar a prática orçamentária, 07.04.2008), em que analisa os principais problemas da gestão do orçamento público brasileiro.
Segundo Giambiagi, um dos problemas técnicos mais constrangedores e que se repete ano após ano é a possibilidade de haver um divórcio entre o que consta do Orçamento e os dispositivos legais vigentes quando ele é discutido e votado. Recorda que o último exemplo disso foi o que aconteceu com a CPMF, cuja previsão de arrecadação para 2008 constava do Orçamento encaminhado pelo Executivo ao Legislativo em agosto de 2007 sem que, porém, ela tivesse sido votada, daí resultando o impasse acerca do que fazer quando foi rejeitada pelo Congresso em dezembro. "A política fiscal e tributária, idealmente, deveria respeitar o princípio da previsibilidade, que deve ser dupla. O governo deve saber com que recursos conta efetivamente, para poder se planejar e não ter que ficar na constrangedora situação em que ficou após a derrubada da referida contribuição, quando uma série de programas já estavam em andamento e ficaram a descoberto. Ao mesmo tempo, o cidadão tem todo o direito de saber com uma razoável antecedência quanto terá que pagar de impostos a cada exercício. Para o economista, enviar um projeto de lei orçamentária em agosto, baseado em parte em tributos que não existem, viola ambos os objetivos."
Apesar dos constituintes de 1988 terem unido a previsibilidade fiscal com o princípio da anualidade, que prevê que, para que vigore um tributo, ele seja aprovado no ano anterior, a idéia padece de três defeitos. Primeiro, não se aplica às contribuições. Segundo, em alguns casos, é dispensada quando se trata de prorrogação de tributo existente. Terceiro, não evita que uma Medida Provisória baixada no dia 31 de dezembro vigore a partir de 1º de janeiro, o que significa que a anterioridade pode se limitar a poucas horas. Em outras palavras, trata-se de um dispositivo, de certa forma, "per se", inútil.
Segundo Giambiagi, um dos problemas técnicos mais constrangedores e que se repete ano após ano é a possibilidade de haver um divórcio entre o que consta do Orçamento e os dispositivos legais vigentes quando ele é discutido e votado. Recorda que o último exemplo disso foi o que aconteceu com a CPMF, cuja previsão de arrecadação para 2008 constava do Orçamento encaminhado pelo Executivo ao Legislativo em agosto de 2007 sem que, porém, ela tivesse sido votada, daí resultando o impasse acerca do que fazer quando foi rejeitada pelo Congresso em dezembro. "A política fiscal e tributária, idealmente, deveria respeitar o princípio da previsibilidade, que deve ser dupla. O governo deve saber com que recursos conta efetivamente, para poder se planejar e não ter que ficar na constrangedora situação em que ficou após a derrubada da referida contribuição, quando uma série de programas já estavam em andamento e ficaram a descoberto. Ao mesmo tempo, o cidadão tem todo o direito de saber com uma razoável antecedência quanto terá que pagar de impostos a cada exercício. Para o economista, enviar um projeto de lei orçamentária em agosto, baseado em parte em tributos que não existem, viola ambos os objetivos."
Apesar dos constituintes de 1988 terem unido a previsibilidade fiscal com o princípio da anualidade, que prevê que, para que vigore um tributo, ele seja aprovado no ano anterior, a idéia padece de três defeitos. Primeiro, não se aplica às contribuições. Segundo, em alguns casos, é dispensada quando se trata de prorrogação de tributo existente. Terceiro, não evita que uma Medida Provisória baixada no dia 31 de dezembro vigore a partir de 1º de janeiro, o que significa que a anterioridade pode se limitar a poucas horas. Em outras palavras, trata-se de um dispositivo, de certa forma, "per se", inútil.
Conclui o economista afirmando que a forma de corrigir essa falha técnica e fazer com que a discussão do Orçamento dê um salto de qualidade, seria a aprovação de uma regra constitucional estabelecendo que o Orçamento tem que ser baseado nas receitas previstas com base na legislação vigente em 31 de agosto do ano em que o mesmo é encaminhado ao Congresso, não contando para isso MPs que ainda não tenham sido devidamente aprovadas. Isso significaria que a previsão de gasto de cada exercício seria baseada nas hipóteses de arrecadação ligadas a impostos acerca de cuja arrecadação não houvesse dúvidas, tirando as incertezas inerentes a qualquer economia -mesmo as mais estáveis do mundo- relacionadas com a inflação e com o nível de atividade.
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