por Ignés D´Argenio
En su excelente artículo el profesor Flores Dpkevicius ha tenido la delicadeza de no referirse al tema en Argentina, por la emergencia decretada - con ley manejada desde el PE - a partir de 2001-02 que todavía hoy, en 2008, se encuentra vigente (Agustín Gordillo realizó interesantes reuniones entre 2002 y 2004 que tituló y publicó como "Derecho Administrativo de la Emergencia").
Digo que tuvo la gentileza de no referirse a Argentina porque fue tan absurdamente totalitaria la declaración de la emergencia económica y sus efectos en el seno de un gobierno democrático, que escapa a cualquier sistematización doctrinaria que se pretenda. En la Provincia de Buenos Aires la emergencia quedó derogada por una sentencia judicial de la Suprema Corte de Justicia integrada por conjueces (abogados de la matrícula: distinta hubiera sido la suerte de ser competente la Corte oficial que integra sin mayores objeciones el poder central) que Gordillo comentó en un excelente artículo al que denominó "La sociedad civil frente al poder público".
La lectura del trabajo de Flores Dapkevicius pone en evidencia el mayor respeto desde el poder central por los derechos fundamentales en la hermana República de Uruguay, porque la doctrina de la emergencia - aunque me cuesta aceptarla tanto como las "razones de Estado" y la reserva de los actos del poder - está mucho mas circunscripta que en Argentina donde ha sido justificada por algunos autores acudiendo erróneamente a doctrina judicial norteamericana que nada tiene que ver con las tropelías que se concretaron en nuestro país (el año pasado la Corte de la Nación dictó un fallo en causa "Massa" tratando de solucionar de una vez por todas y con alcance general - acudiendo a la necesidad institucional de recomponer la armonía social - los conflictos generados entre depositantes y entidades bancarias por la retención por parte de éstas del dinero depositado hace más de siete años. Pues el Banco de la Provincia de Buenos Aires, banco oficial, en una actitud de inmoralidad vergonzosa se niega a convenir con sus clientes con fondos cautivos desde hace mas de siete años la devolución de los mismos conforme al caso "Massa" si no media sentencia judicial que así lo declare caso por caso, cuando los jueces están demorando años en dictar sentencias en estas causas). Advertirás que en esta emergencia ni siquira existieron las "razones de Estado" pues se trató de proteger el patrimonio de las entidades crediticias. Una ignominia.
En su excelente artículo el profesor Flores Dpkevicius ha tenido la delicadeza de no referirse al tema en Argentina, por la emergencia decretada - con ley manejada desde el PE - a partir de 2001-02 que todavía hoy, en 2008, se encuentra vigente (Agustín Gordillo realizó interesantes reuniones entre 2002 y 2004 que tituló y publicó como "Derecho Administrativo de la Emergencia").
Digo que tuvo la gentileza de no referirse a Argentina porque fue tan absurdamente totalitaria la declaración de la emergencia económica y sus efectos en el seno de un gobierno democrático, que escapa a cualquier sistematización doctrinaria que se pretenda. En la Provincia de Buenos Aires la emergencia quedó derogada por una sentencia judicial de la Suprema Corte de Justicia integrada por conjueces (abogados de la matrícula: distinta hubiera sido la suerte de ser competente la Corte oficial que integra sin mayores objeciones el poder central) que Gordillo comentó en un excelente artículo al que denominó "La sociedad civil frente al poder público".
La lectura del trabajo de Flores Dapkevicius pone en evidencia el mayor respeto desde el poder central por los derechos fundamentales en la hermana República de Uruguay, porque la doctrina de la emergencia - aunque me cuesta aceptarla tanto como las "razones de Estado" y la reserva de los actos del poder - está mucho mas circunscripta que en Argentina donde ha sido justificada por algunos autores acudiendo erróneamente a doctrina judicial norteamericana que nada tiene que ver con las tropelías que se concretaron en nuestro país (el año pasado la Corte de la Nación dictó un fallo en causa "Massa" tratando de solucionar de una vez por todas y con alcance general - acudiendo a la necesidad institucional de recomponer la armonía social - los conflictos generados entre depositantes y entidades bancarias por la retención por parte de éstas del dinero depositado hace más de siete años. Pues el Banco de la Provincia de Buenos Aires, banco oficial, en una actitud de inmoralidad vergonzosa se niega a convenir con sus clientes con fondos cautivos desde hace mas de siete años la devolución de los mismos conforme al caso "Massa" si no media sentencia judicial que así lo declare caso por caso, cuando los jueces están demorando años en dictar sentencias en estas causas). Advertirás que en esta emergencia ni siquira existieron las "razones de Estado" pues se trató de proteger el patrimonio de las entidades crediticias. Una ignominia.
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